La UE, las movilizaciones agrarias y otros conflictos
Magdalena Cadagua
Analista de Iberglobal
Las movilizaciones agrarias ponen de manifiesto importantes insuficiencias de las políticas comunitarias, pero también reflejan conflictos más profundos. Como otros conflictos sociales de los últimos años, son manifestaciones de un enfrentamiento entre el campo y la ciudad, un proceso dialéctico que muchos dieron por superado, pero cuya persistencia es más que evidente.
Las recientes manifestaciones de agricultores, lejos de ser un fenómeno exclusivamente español, se han producido en muchos países de Europa. La pregunta ahora es si estas son una prueba de los errores de la PAC, de los excesos de la política medioambiental, de la falta de entidad estructural de la política exterior de la UE, centrada, de manera exclusiva, en la política comercial, o de algo más profundo, estructural y sociológico.
Es más que evidente que una política medioambiental muy exigente genera importantes sobrecostes para los productores, en general, y para las empresas agrícolas, en particular. Lejos ya cualquier quimera de que los futuros beneficios sociales sobrecompensarán los actuales costes privados, particularmente cuando se intenta que sólo una parte de la población, la europea, soporte unos costes, frente a unos beneficios públicos que serán globales.
Para intentar paliar los efectos sobre los precios interiores de los productos agrícolas de los mencionados sobrecoses, la solución más inmediata es recurrir a importaciones y, para ello, la Comisión Europea está dotada de la política comercial común como competencia exclusiva. Así, los agricultores europeos se ven sometidos a una doble tensión: mayores costes impuestos por la política ambiental europea y mayor competencia por efecto de la política comercial común.
Por otro lado, sabido es que la política exterior europea dispone de muy pocos instrumentos de negociación, pues la Comisión dispone de una panoplia de competencias exclusivas muy limitada y su “Gran Bertha” es, precisamente, la política comercial. De ahí que el desarme comercial europeo acompañe siempre a toda contraprestación diplomática o política por parte de terceros países. Ello supone que el desarme arancelario europeo responda a dos fuerzas, por lo general, escasamente integradas como son la política ambiental y la política exterior y que, en definitiva, se traducen en una clara transferencia de renta desde la UE al exterior. Esto resulta bastante evidente y pocos analistas lo discuten.
Sin embargo, el verdadero debate surge por el otro lado, esto es, en la valoración de los beneficios sociales que esta transferencia de renta ha de generar en términos tanto diplomáticos como medioambientales.
Pero, mucho más allá del balance final de ese cálculo, que, en definitiva, tiene dos agentes, la UE y el resto del mundo, hay que reflexionar en torno a la distribución interna, dentro de la UE, de los costes de estas políticas.
Aquí cabe no sólo un ejercicio de valoración de políticas públicas, sino que hay que reflexionar en términos de un conflicto dialéctico más profundo, más histórico. Así, es imposible comprender las recientes movilizaciones de los agricultores europeos de manera aislada sin tener presentes otros procesos, igualmente recientes y significativos, como los “gilets jaunes” franceses, el mismo Brexit o la posible vuelta a la presidencia norteamericana de Trump. En los cuatro casos, se trata de manifestaciones de un enfrentamiento entre el campo y la ciudad. Un proceso dialéctico que muchos dieron por superado, pero cuya persistencia es más que evidente.
Por consiguiente, la profundidad histórica misma de este conflicto hace difícil que simples ajustes técnicos, como la marcha atrás que dio el presidente Macron con respecto al alza de los precios del diésel, sean una solución. Lo mismo cabe decir de las movilizaciones agrarias, por lo que el acervo comunitario, valga el juego de palabras, necesita alguna vuelta que otra.
