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De lo que es y no es política industrial

Magdalena Cadagua

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El término política industrial da mucho de sí y puede tener muchos significados y, en consecuencia, contenidos muy diferentes. El debate que, a este respecto, se aproxima exige su clarificación.

La política industrial promete ser la próxima estrella en el ámbito de la política económica y no sólo en España. Tiene una enorme lógica, pues es muy difícil concebir el renacimiento de una política comercial sin el alumbramiento de su hermano siamés que es la política industrial. Muy poco es el uno sin el otro, poco más que un cuenco con un agujero en el fondo. Pero poco de nuevo tiene este tándem, nada que no descubrieran ya los variados y muy diversos regímenes autárquicos que el siglo XX ha conocido.

Sin embargo, sí hay que reconocer que, posiblemente y más allá de las simples etiquetas, esta nueva edición de lo que ha venido a llamarse política industrial traiga importantes novedades que la diferencien de lo que unos plantearon hace décadas y otros proponen para hacer frente a un futuro diferente y novedoso.

En concreto, la versión más clásica de la política industrial confiaba a la iniciativa gubernamental la creación de una estructura empresarial pública que diera una respuesta productiva a la condición ideológica que era la autarquía. Ésta era una condición política previa y superior a la que aquella acepción de la política industrial intentaba dar una respuesta. En el caso español, el resultado de aquella ensoñación es bien conocido: la crisis de pagos a la que hubo de hacer frente el Plan de Estabilización de 1959.

Frente a esta acepción, un concepto moderno y, sobre todo, actualizado de la política industrial propugna como principio básico el protagonismo del sector privado y, como objetivos esenciales, la competitividad y la productividad. Así, como resulta evidente, poco hay de nostálgico en este nuevo planteamiento de la política industrial. Es más bien una respuesta rupturista en un mundo en el que la desglobalización es ya una realidad, la regionalización de las cadenas globales de suministro es patente y la sustitución de los flujos de exportación por flujos de inversión directa como vehículo de la internacionalización de las empresas es una evidencia cuantificable.

Sin embargo, lo que ahora, desde las esferas del poder político, se plantea como política industrial es algo bien diferente, caracterizado, en primer lugar, por el protagonismo de la acción gubernamental con todo lo que ello implica desde el punto de vista de la discrecionalidad e imprevisibilidad.

En segundo lugar, el objetivo operativo básico será el control nacional sobre el accionariado y, en consecuencia, las decisiones de determinadas empresas ya existentes y consideradas estratégicas. Por tanto, aparentemente, se renuncia a cualquier objetivo económico en esta nueva intervención pública. No parece que el refuerzo de la competitividad, la ampliación de los mercados, el incremento de la capacidad productiva y del empleo sean prioritarios. El bien público a preservar con esta nueva versión de la política industrial sería la capacidad gubernamental para influir en las decisiones de las empresas consideradas estratégicas, a fin de que sus decisiones no sean tomadas por agentes económicos extranjeros, ya sean públicos o privados y ello sin un catálogo previo de empresas consideradas estratégicas o una definición clara y explícita del concepto de interés nacional.

Estos dos factores afectarán negativamente al riesgo país de inversión tanto directa como en cartera.

En estas condiciones cabría concluir que, más que una política industrial, esta nueva propuesta es una política con las industrias y, sobre todo, con las empresas que, a partir de un criterio ideológico, son consideradas estratégicas para la acción gubernamental. Es muy importante llamar a cada cosa por su nombre.