Política industrial y proteccionismo: dos novedades de política económica
Magdalena Cadagua
La política industrial vuelve a ser un protagonista importante de la política económica de los países desarrollados y con ella, a manera de complemento inevitable, la política comercial proteccionista.
Una de las más importantes novedades del actual panorama económico es el retorno de la política industrial, como ha anunciado un reciente documento del Fondo Monetario Internacional y que apunta hacia un elemento que la diferencia de experiencias anteriores. En general, argumenta el citado artículo, el fundamento de las políticas industriales era el desarrollo económico y las deseconomías que éstas pudieran generar siempre encontraban esta todopoderosa justificación. Sin embargo, en esta ocasión, intentando poner un clavo más en el ataúd del mal llamado neoliberalismo, el argumento y fundamento de esta nueva ola de política industrial es, en primer lugar, reactiva y, en segundo lugar y como consecuencia, diferente.
La justificación actual de la política industrial es la llamada independencia estratégica y es, en gran medida, una epifanía resultado de las dificultades para el suministro surgidas de la pandemia de COVID, de las disrupciones y fragilidad de las cadenas globales de suministro y de la guerra de Ucrania. Pero, aparte de este carácter reactivo, esta nueva ola de política industrial es diferente porque se centra, esencialmente, en los países desarrollados y, a diferencia de casos anteriores, no en los países en desarrollo.
Han cambiado los sectores prioritarios; donde antes era el acero y la industria siderúrgica, hoy son las energías renovables; donde antes se hablaba de la motorización de la clase media, hoy se habla del vehículo eléctrico; donde antes se hablaba de la máquina herramienta y la electrificación rural, hoy el énfasis se pone en la telefonía 5G o el hidrógeno verde. Pero, la política industrial es la misma y se manifiesta en los mismos dos frentes. El primero es el del gasto público, su importe y su gestión eficiente, esto es, los recursos que, desde el erario público, se han de canalizar a los operadores públicos y privados que desarrollan los proyectos en los que se materializa dicha política industrial. El segundo es el “lado oscuro” de la política industrial, la vertiente no deseada y, en la actualidad, no reconocida, es decir, el proteccionismo.
Una vez más, la lógica del nuevo proteccionismo – me resisto a hablar de neoproteccionismo – es diferente, pero, al fin y a la postre, sus efectos económicos son los mismos. Pero también es cierto que una política industrial sin el complemento de un determinado grado de protección para los sectores que se pretende fomentar pierde mucha efectividad y hasta puede quedar completamente anulada.
En los años sesenta, un grupo de economistas intentaron justificar las políticas industriales y proteccionistas de los países en desarrollo sobre el concepto de la “industria naciente”. Hoy, paradójicamente, son los países más desarrollados, Estados Unidos, Europa y China, quienes acuden a este argumento. El problema de la política industrial y de la política comercial proteccionista es que se sabe cómo se inicia, pero se desconoce cómo se termina y si no intenten ustedes dar respuesta a por qué el sector público español acumuló desde una agencia de viajes a una fábrica de calzado, pasando por una empresa de comercialización de muebles de lujo o una empresa de seguros.
Por último y ciñéndonos ya al caso de España, cabe dudar de que la actual estructura institucional sea la más adecuada para la práctica de una política industrial, pues la actual está concebida como un mero instrumento de tenencia de activos empresariales, como bien pone a las claras su ubicación administrativa.
