Una reflexión sobre la estructura de la Administración económica española

Roque San Severino

Sentado en el poyo de la quíntuple arquivolta de la iglesia, en los huequillos al pie de ángeles, la realidad pasa por delante. Al igual que muchos otros antes que yo, la flor de berrocal bruñida por siete siglos de espaldas balmasedanas permite la contemplación de la vida de la Villa: las señoras que van a misa y los jóvenes que van al Cine Nuevo; los obreros que marchan a hacer el turno de tarde en la fábrica de Fabio y los que vuelven ya, formando cuadrillas para el chiquiteo y enfilando por la calle Bajera. El reducido mundo balmasedano desfila bajo mi vista, con Maruri, el kioskero, acarreando un pesado fardo de periódicos de la tarde o Mercedes, la recadera, que en verano dobla turno con un carrito de helados en la Plaza. Personajes y rutinas que se repiten diariamente bajo mi atalaya de anteiglesia y que hipnotizan como quien contempla el fuego; mirar sin ver; dejarse llevar por la observación del movimiento. No me extraña que Consuelo y Angelines pasen al camarote, en el último piso de la casa de enfrente, para, desde allí, asomarse a los ventanucos y ver pasar la vida de la Villa, concentrada en la Plaza.

Esta contemplación permite una visión general que, fácilmente, puede trasladarse al mundo económico. A lo largo de las últimas décadas, la política económica española se ha visto condicionada en su alcance e instrumentos, esencialmente, por un doble fenómeno que se puede resumir en:

a) Intenso proceso de liberalización y apertura;

b) Continua cesión de parcelas de soberanía en materia económica hacia instituciones supranacionales como la UE y la UEM.

Esto ha determinado que muchos de los instrumentos tradicionales de política macroeconómica no sean ya competencia de las autoridades económicas españolas (política monetaria, de tipo de cambio, política de déficit público y de su financiación a través de deuda, política comercial) y que muchos de los que sí continúan siéndolo hayan perdido gran parte de su eficacia, en el marco de una economía integrada en una unión económica, como es el caso de la política impositiva, condicionada por la competencia fiscal en un mercado único.

Este planteamiento no es nuevo para quienes tengan el hábito de seguir estas crónicas e  implica que la política económica española de los próximos años se va a desarrollar, básicamente, en cuatro ejes básicos:

- Gestión de los instrumentos de política macroeconómica sobre los que aún se ejerce algún grado de soberanía (política de composición del gasto público, política de ingresos, política de gestión de activos y pasivos, gestión de tesorería, etc.)

- Negociación, en el seno de las instituciones multilaterales receptoras de las cesiones de soberanía en materia de política económica, de aquellas opciones más favorables a los intereses de España (UEM, UE, OMC, FMI).

- Supervisión y actuación ejecutiva en los sectores regulados;

- Diseño y gestión de políticas microeconómicas horizontales y sectoriales (competencia, productividad, internacionalización, innovación y competitividad).

Esta nueva realidad de la política económica española hace imprescindible una mayor coordinación e integración de sus diferentes componentes, a fin de asegurar su coherencia, primero, y, como resultado, su eficacia. Ello exige el establecimiento de objetivos, prioridades y procedimientos de trabajo comunes para el conjunto del área económica del Gobierno y la existencia de una instancia que estructure las diferentes iniciativas de política económica. Esta instancia no puede ser otra que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que, necesariamente, ha de recobrar el protagonismo y la autoridad política que exige la nueva y, posiblemente, difícil realidad de la coyuntura económica española próxima.

Este primer planteamiento, no obstante, da respuesta al ámbito decisional de la política económica, pero no tanto al diseño y elaboración de propuestas en este campo. La eficiencia, en este sentido, exige una estructura departamental que facilite el diseño, primero, y la gestión, después, coordinados de propuestas de política económica. Esta estructura eficiente consistiría, básicamente, en de dos departamentos  ministeriales especializados en las dos vertientes básicas de la gestión económica pública como son la gestión macroeconómica y la gestión microeconómica.

Esta doble estructura se materializaría en un Ministerio de Economía y Hacienda, por un lado, que tendría encomendadas las políticas de gestión macroeconómica (composición y programación del gasto público, política de ingresos, gestión de activos y pasivos y gestión de tesorería) y la negociación económica multilateral (UE-UEM, FMI, OMC y banca multilateral); y, por otro lado, un Ministerio de la Empresa, que ejercería las labores de supervisión y gestión de los sectores regulados y el diseño y ejecución de políticas microeconómicas (competencia, competitividad, internacionalización, productividad e innovación).

El esquema de gestión económica pública que se plantea tiene una fuerte carga innovadora y presenta los siguientes rasgos básicos:

- Facilita una respuesta óptima de las iniciativas de política económica a los rasgos de la próxima fase baja del ciclo, donde primarán los elementos microeconómicos, consustancialmente al inevitable cambio del modelo de crecimiento económico español.

- Genera importantes economías públicas y privadas, derivadas de un principio de especialización administrativa y de gestión.

- Permite una gestión coordinada, más allá de los simples conceptos de control presupuestario, de un amplio porcentaje de las políticas públicas con contenido o implicaciones económicas.

- Facilita la unidad metodológica del contenido económico de las iniciativas públicas (memorias económicas, análisis y valoración de proyectos de inversión, etc.) como instrumento al servicio del control del gasto público y de la priorización de iniciativas alternativas.

Conviene destacar, a manera de ejemplo de la imprescindible coordinación entre las dos vertientes de la política económica, que esta propuesta incorporaría la gestión conjunta por parte de ambos Departamentos, de una serie de instituciones que reúnen una doble característica:

- Contribuyen a la variación en la posición activa o pasiva del Estado.

- Su actividad tiene una clara orientación microeconómica.

Este puede ser el caso, entre otros, del ICO, CESCE y, en cierta medida, de la SEPI, que, históricamente, juegan un papel central en la articulación de políticas microeconómicas.

De igual manera, deben explorarse mecanismos que faciliten, por un lado, la unidad metodológica en los análisis económicos del conjunto de la Administración General del Estado y, por otro, contribuyan a incrementar su valor añadido. Ello no sólo contribuirá a una mayor eficiencia de las iniciativas económicas públicas sino que también generará importantes economías en los procesos de tramitación de las mismas. El establecimiento de unidades de análisis económico en los diversos departamentos susceptibles de formular iniciativas sectoriales de contenido económico, posiblemente, contribuya a estos fines.

Lo bueno de estar sentado en los huequillos de plaza es que las prisas del mundo no son tuyas. Los ir y venir de los demás te ocupan, pero no te preocupan más allá de que tus reflexiones resulten de utilidad. Ya llegará el momento de descender las escaleras, pisar el adoquinado de la plaza y sumarte al espectáculo que lo demás contemplan y sobre el que reflexionan.