La reforma de la empresa pública en España y la política industrial

Magdalena Cadagua

La reforma de la empresa pública española es una tarea largamente postergada y el nuevo protagonismo de la política industrial exige una revisión y, en su caso, reforma de un conjunto de empresas públicas diverso y disperso.

Aunque determinados analistas, más interesados en la historia que en la política económica, confundan empresa pública con política industrial, poca duda cabe de que la empresa pública española está necesitada una profunda reforma. Dicha reforma ha de abordar los siguientes ámbitos:

1. Dar un cuerpo organizativo y de gestión racional a la banca pública hoy existente a través de múltiples organismos y fondos, dispersos por diferentes ámbitos de la Administración y sin metodologías de evaluación de proyectos y de riesgos mínimamente uniformes.

2. Justificar la presencia en el ámbito de Hacienda de dos grupos empresariales también diferenciados, como son SEPI y Patrimonio del Estado, con otro argumento que no sea el de la mera proximidad al presupuesto, particularmente cuando se han emprendido nuevas actividades, participaciones e iniciativas de gestión que desdibujan aquel modelo

3. Revisar y, en su caso, reformar, las dependencias funcionales y los consecuentes paquetes accionariales de los diversos grupos empresariales instrumentales públicos dependientes de los diferentes Ministerios u órganos de la Administración.

4. En todos los casos anteriores, el conjunto de las empresas públicas españolas han de estar sometidas a un análisis periódico, previsible, independiente y metodológicamente transparente en torno a su gobernanza y a su adicionalidad.

A su vez, esta reforma debe de ser particularmente cuidadosa con dos “rara avis” del sector empresarial público español:

1. Las empresas públicas con participación privada o, mucho más extraordinario, las empresas privadas con participación pública. En ambos casos, la gobernanza y la transparencia son dos criterios de gestión que han de ser objeto de una evaluación permanente y, sobre todo, específica.

2. Las empresas públicas cuya actividad, total o parcial, les obliga a competir con el sector privado, tanto por el lado de la oferta como de la demanda, particularmente, en el ámbito de la captación de talento.

Cabe, no sin cierto atrevimiento, definir la empresa pública española como de aluvión, como el resultado sedimentario de sucesivas oleadas de prioridades políticas, económicas e industriales. Parecería llegado el momento de, con criterios de adicionalidad y eficiencia, proceder a una evaluación individual de cada una de las entidades que forman parte del sector empresarial público español y, en función de dicha evaluación, a su reforma. Son muchos los motivos y argumentos que se pueden aducir para ello, pero, en el contexto geoeconómico actual, posiblemente, uno de los principales sea que la credibilidad, en nuestro país, de una política industrial fundamentada en el protagonismo del sector privado y de la competitividad, frente a los tradicionales del estatalismo y la autarquía, en gran medida, depende de esta reforma de la empresa pública española actual.