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Cinco propuestas de reforma para la exportación española

 

El destino de D. Luis y cinco propuestas de reforma para la exportación española


 

Roque San Severino

Don Luis sacó las oposiciones a judicaturas con veintiún años, allá cuando la mayoría de edad se situaba en los veintitrés, de manera que, agotados los dos años de forzoso sabático, fue a pedir destino al Subsecretario de lo que entonces era el Ministerio de Gracia y Justicia. Quiso la suerte que, por aquel entonces, ocupara el puesto D. Antonio Barroso, ilustre político cordobés, después llamado a superiores destinos en la Administración española.  A la pregunta del Subsecretario acerca de sus preferencias, D. Luis confesó que, dado que su padre ya lo había sido y que la vacante existía, a él le gustaría ser nombrado juez de Balmaseda. D. Antonio le miró por encima de los quevedos y le preguntó si era consciente de que el partido judicial de Balmaseda abarcaba también al Valle de Mena y de la disposición de los lugareños por querellarse por un palmo de “prao”. D. Luis asintió y se reconoció sabedor de ambas circunstancias, por lo que, moviendo la cabeza de lado a lado, D. Antonio firmó el correspondiente nombramiento.

Así si el miedo a las querellas y el debate no achantaron a D. Luis, tampoco han de hacerlo al autor de este cronicón, cuando, enfrentados todos a la peor crisis económica que guardan memoria los anales, se ve impelido a añadir propuestas en el torbellino de un debate electoral. En circunstancias habituales, este debate se desarrollaría muy alejado de las lindes de la economía internacional. La costumbre ha querido que las promesas de los candidatos se centraran en la distribución de mayores cuotas de bienestar o lo que en términos anglosajones se denomina “doling out the bacon”. Sin embargo, las presentes circunstancias económicas han caducado estos hábitos, haciendo de las posibles soluciones a las mismas y sus esperanzas el eje de la contienda electoral. Así, analizado el discurso de unos y otros, curiosamente, parece haberse conformado un cierto consenso en el sentido de que una de las posibles soluciones a nuestras dificultades radica en la capacidad exportadora de la economía española y, por consiguiente, la internacionalización ha de ser un componente esencial de nuestra futura política económica.

Desde este mismo cronicón,  a lo largo de ya bastantes años, hemos venido desgranando, de manera, reconocidamente, desordenada, comentarios y sugerencias, críticas y recomendaciones, ideas y ocurrencias en beneficio de esta vertiente exterior de la economía española. Sin embargo, como D. Luis ante el Subsecretario, ahora es necesario definirse, concretar y, en beneficio de los más, en un intento de formular una aportación, condensar, en un número reducido de conceptos y propuestas, lo que tanta tinta y fósforo neuronal ha consumido a lo largo de estos años. Por consiguiente, aquí van cinco ideas que sólo buscan avivar la reflexión colectiva sobre la trascendencia que una decisión en materia de fomento de la internacionalización de la empresa española puede tener tanto como elemento de coyuntura como factor de generación de un cambio en la estructura económica española.

1. Reforma de la política de internacionalización

La política de internacionalización de la empresa no constituye ninguna novedad y así, difícil es de recordar el gobierno que no viniera con alguna promesa electoral bajo el brazo, desarrollara algún plan de fomento de la exportación u organizara alguna cumbre empresarial de la internacionalización. Sin embargo, estas políticas de internacionalización adolecían de una dualidad nunca reconocida. Así, mientras, en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, se ponía el acento el inicio de la actividad exportadora, en el terreno de las empresas que ya tenían un cierto recorrido exportador, el énfasis se ponía en dotarlas de una panoplia de instrumentos encaminados a facilitar la contratación de operaciones en el exterior específicas y concretas. Esto explica tanto el crecimiento y la importancia del componente financiero de la política de internacionalización, como el suave deslizamiento hacia la política exterior que experimentó la política de internacionalización, a lo largo de la década de los ochenta y noventa.

El resultado de esta política centrada en operaciones es que convirtió la internacionalización en un fenómeno reversible, de ida y vuelta, donde la exportación seguía siendo, como lo era desde la década de los sesenta, un elemento estrictamente contracíclico desde el punto de vista de la demanda agregada española y la posibilidad de comercializar un exceso de capacidad instalada, desde la óptica de las empresas. Así, el muy favorable ciclo económico de la economía interior española determinó que un buen número de empresas españolas perdieran posiciones, tanto relativas como absolutas, en el mercado internacional, que, ahora, ante un ciclo desfavorable de la economía interior, se afanan por recuperar. Durante este período, hay quien argumenta, cambió el perfil de la estrategia de internacionalización de la empresa española a favor de la empresa inversora en el exterior. Si bien esto es cierto desde un criterio de estructura empresarial, desgraciadamente, resulta intrascendente desde el punto de vista macroeconómico, que sólo entiende de los componentes de la demanda agregada.

Esta realidad, fácilmente comprobable, por otra parte, obliga al “policy maker” a reflexionar y a pensar si no existe otra alternativa, otro enfoque de la política de internacionalización encaminado a hacer de éste un componente permanente y no, sencillamente, circunstancial u oportunista de la actividad de las empresas españolas. Desde este punto de vista, parecería más lógico que, más que dar una respuesta coyuntural a las necesidades de internacionalización y exportación de las empresas españolas esta política se concibiera, tanto en término de definición objetivos como de diseño de instrumentos, como una política estructural, encaminada a cambiar el perfil de la oferta agregada española a favor de un mayor peso de las exportaciones.

2. Reforma industrial

Tras la experiencia traumática de la reconversión industrial de los años ochenta, pocas ganas les quedaron a nuestros sucesivos “policy makers” de  hacer una política industrial activa, excepción hecha de los sectores energéticos, de las telecomunicaciones y, en menor medida, del de transportes, en este caso, a través de una política de infraestructuras. Por consiguiente, determinados desequilibrios de la estructura industrial española, lejos de paliarse, se han reforzado, en detrimento de la competitividad y, por consiguiente, en el marco de una economía abierta como la nuestra, de la supervivencia de la industria manufacturera española.

Desde este punto de vista, la competitividad debe ser el eje conductor de una nueva política industrial que, a su vez, ha de centrarse en dos objetivos intermedios como son la innovación y el tamaño medio de las empresas españolas. La innovación ha de entenderse en su sentido más amplio como la inversión en procesos de producción y comercialización más eficiente de productos existentes o el desarrollo y comercialización de productos novedosos. Se trata, en definitiva, de dar un paso más allá de las tradicionales políticas de I+D+i e introducir instrumentos que permitan ganancias de eficiencia en aspectos básicos y determinantes del éxito empresarial como pueden ser la distribución, la comercialización, la logística, la organización, el control financiero, etc.

La evidencia empírica pone de manifiesto la dualidad del sector empresarial español, donde convive un gran número de pequeñas y medianas empresas escasamente competitivas y refugiadas en barreras de entrada, por lo general geográficas y de distribución, con grandes empresas altamente competitivas y fuertemente internacionalizadas. Este hecho, junto el contraste con el tamaño medio de empresas de países altamente competitivos como, por ejemplo, Alemania, conduce a la conclusión de que uno de los problemas de la competitividad de la economía española radica en el escaso tamaño medio de sus empresas. Consecuentemente, también resulta necesaria una política industrial renovada y centrada, asimismo, en el fomento del aumento del tamaño medio de la empresa española, favoreciendo las fusiones y adquisiciones, facilitando el tránsito generacional en las empresas familiares, promoviendo el crecimiento orgánico a través de la reinversión y generando mercados de acceso al “equity” destinado, específicamente, al crecimiento, lo que no es, estrictamente, capital riesgo.

3. Reforma fiscal

La vigente coyuntura fiscal española se debate entre una imprescindible política de consolidación fiscal, una declarada intención de mantenimiento de los servicios sociales y una manifestada voluntad de incrementar los impuestos de manera ajustada a la capacidad de pago de cada contribuyente. Excepción hecha de la anunciada reintroducción del Impuesto sobre el Patrimonio, del programado aumento de la tributación sobre el tabaco y el alcohol y de inevitable revisión de las tasas por servicios públicos, poco más se ha dicho por el lado de los ingresos. Así, muy ingenuos son los que consideran que estos serán los limitados aumentos de la fiscalidad que nos permitirán salir del presente atolladero económico. Por consiguiente, la solución a este sudoku, en el contexto de una economía caracterizada por la libre circulación de capitales y la fácil transición entre la tributación a las personas y la de sociedades en los tramos elevados de renta, no es otra que la de un aumento del IVA, que, en la lejanía del horizonte poselectoral, parece entreverse.

Este aumento del IVA, que algunos expertos materializan en un aumento del tipo reducido y del tipo general en cerca de tres puntos, sin embargo ha de servir, simultáneamente para inyectar una fuerte dosis de competitividad a las empresas españolas, colocándoles en plano de igualdad con sus principales competidores en los mercados internacionales. Ello se consigue a través de una simultánea reforma del sistema de financiación de la seguridad social, sustituyendo las actuales cotizaciones sociales por una parte de los ingresos generados por este aumento del IVA. En la actualidad, estas cotizaciones sociales actúan como un doble impuesto, gravando, por un lado, al empleo, incrementando los costes laborales, y, por otro, a la competitividad, pues no son desgravables en frontera, a diferencia del IVA, encareciendo la oferta exportadora española.

En un pasado aún reciente, pero distante, esta media fue rechazada por sus aparentes efectos inflacionistas, que hoy, en un contexto que ve la recesión “double dip” a la vuelta de la esquina, no tienen tanto fundamento ni prioridad.

4. Reforma del ICEX

El hecho de haber sido la institución pública de toda la Administración Central que ha experimentado el mayor recorte presupuestario en el período 2008-2011 ha obligado al ICEX a emprender una serie de medidas, aunque de naturaleza más adaptativa que fundamental. Sin embargo su reforma, desde un criterio estratégico y fundamental, es una necesidad crecientemente acuciante. Así, es imprescindible que modifique su esquema de formulación de políticas, aún hoy centrado en la matriz país-sector y evolucionar para hacer de la empresa, los “cluster” y los planes individualizados y plurianuales  el eje básico de su estrategia de diseño, primero, y aplicación, después, de políticas e instrumentos.

Esta innovación, consistente en un cambio fundamental en el sujeto de su atención, implica, en primer lugar, una profunda revisión del diseño organizativo del Instituto, destinada a facilitar la prestación de un servicio personalizado y de alcance estratégico, sobre la base de un plan plurianual que incorpore objetivos finales y parciales, así como compromisos mutuos y que esté gestionado por un “ejecutivo de cuenta” apoyado por un “backoffice” encargado de diseñar y aplicar los instrumentos incorporados a dicho plan.

Asimismo, este nuevo planteamiento estratégico obliga a una profunda revisión de los llamados recientemente introducidos “servicios personalizados”, pues no parece tener mucho sentido, en la actual coyuntura de competitividad de la economía española, la introducción de una obligación de pago por la prestación determinados servicios. Asimismo, la ampliación de la gama de servicios que puede prestar el ICEX exige dos medidas previas como son, en primer lugar, un análisis de la verdadera capacidad de este Instituto para prestar estos nuevos servicios de pago y adicionales a los hasta ahora existentes y, en segundo lugar, un catálogo de servicios completo, actualizado, desagregado por centros de prestación de los mismos.

5. Reforma de la financiación de exportaciones

Existen dos circunstancias que ponen en cuestión la continuidad del actual modelo de financiación de exportaciones, basado, en esencia, en el fondeo bancario y el seguro por cuenta del Estado. Estados dos novedades son, en primer lugar, la crisis de la deuda soberana de los países desarrollados y, más que en segundo lugar, de manera paralela, la pronta entrada en vigor del nuevo esquema de disciplina financiera que se deriva de Basilea III. Efectivamente, en la medida en que el seguro emitido por CESCE con cargo a la cuenta del Estado tiene la garantía de éste, computará, a efectos del balance del balance del banco suministrador del fondeo, como deuda soberana española. Esto tendrá fuertes implicaciones desde el punto de vista tanto del coste como de la disponibilidad misma de recursos bancarios para este fondeo de operaciones de crédito a la exportación española. Si a este elemento se le añade que, conforme a Basilea III y contrariamente al régimen tradicional, las garantías emitidas por las Export Credit Agencies, entre ellas CESCE, ya no van a estar exentas de cumplir con las obligaciones cautelares en materia de garantía y liquidez, resulta evidente que el sistema está a punto de enfrentarse a una severa crisis.

Por este motivo, el actual sistema español de financiación de exportaciones va a tener que encarar, de manera urgente y profunda, una reforma. Dicha reforma ha de tener dos premisas básicas como son, en primer lugar, situar al exportador español en pie de igualdad con sus competidores extranjeros y, en segundo lugar, preservar los elementos de excelencia del actual sistema. Ello, indefectiblemente, va a obligar que dicha reforma, por un lado, prevea mecanismos de fondeo público de las operaciones de crédito a la exportación, y, por otro, centre el protagonismo del nuevo sistema en CESCE, depositaria de un conocimiento exclusivo como es el de la evaluación de los riesgos de la actividad exportadora.

La vigente normativa en materia de crédito a la exportación pronto va a cumplir 41 primaveras y no pocas cosas han acontecido en este plazo que hacen necesaria su revisión y reforma. El sistema financiero español ya no es el mismo, no hablemos de la industria del seguro de crédito, de la estructura industrial, la realidad del sector público o, en última instancia, las necesidades de la economía.

A pesar de los negros augurios del Subsecretario, D. Luis encontró matrimonio y hogar en Balmaseda y la Villa, más que un destino profesional, se convirtió en su destino vital, quedando su vida y memoria entreveradas con las de la capital encartada, de la misma manera que, en las actuales circunstancias, el futuro de la economía española está irremisiblemente ligado al de su componente exterior, donde la actividad pública aún tiene mucho camino que recorrer.