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Las políticas de oferta y la financiación pública

 

El viejo hospital, las políticas de oferta y la financiación pública


Roque San Severino


Cuentan los enterados que cuando D. Gregorio Balparda, balmasedano ilustre que hasta mereció calle en la capital vizcaína, promovió la construcción del hospital, allá por donde estaban los viejos juzgados, tuvo problemas, pues los resultados desbordaron sus planes iniciales. Lo que en principio estaba pensado, sencillamente, para albergar a enfermos y someterles a supervisión médica, pronto se vio necesitado de algunos servicios adicionales, que se consideraron imprescindibles para asegurar el pleno cumplimiento del objetivo inicial, de tal manera que D. Gregorio se vio necesitado de requerir la colaboración de otros tantos benefactores, cuyos nombres figuran, junto al suyo, en la lápida que adorna la entrada del viejo hospital.


Si existe algún mensaje común en los programas económicos de los principales partidos políticos españoles, ése es el del apoyo al emprendedor, concepto de moda que ha venido a sustituir al de pequeño y mediano empresario de antaño. No es este el momento ni el lugar para razonar el porqué tanto derecha como izquierda han hecho del emprendedor el oscuro objeto de su deseo electoral sino, más bien, para intentar profundizar en las consecuencias de este protagonismo.

En primer lugar, es preciso destacar cómo este protagonismo implica o, si se prefiere, conlleva un profundo cambio en la orientación de la política económica, que ahora muchos comparten, a la vista del fracaso y de las limitaciones objetivas de las políticas de demanda en el marco de una economía que no es sino una región dentro de una unión económica y monetaria. Así, hemos contemplado y verificado como los sucesivos paquetes de estímulo de la demanda por vía del gasto público, lejos de promover una modificación de la estructura productiva que pudiera mantener el empleo perdido en el sector de la construcción, se ha traducido en un aumento del desequilibrio exterior.  Así, dicho estímulo de la demanda se ha filtrado al exterior por vía de las importaciones, fomentando la producción industrial de nuestros vendedores y, en gran medida, la temprana recuperación de sus economías. Agotado ya este estimulo fiscal de la demanda, no sólo se contraen las importaciones sino que nuestros vendedores también empiezan a  ver puesta en duda su propia recuperación.

Así, este protagonismo del emprendedor supone que la demanda ya no va a ser la variable instrumental de una política económica centrada en la recuperación del crecimiento, auténtico bálsamo de Fierabrás para todos nuestros achaques y dolencias, cuitas y desequilibrios. Por el contrario, este protagonismo parece indicar que ahora será la oferta quien centrará la atención de nuestros políticos y diseñadores de paquetes económicos y ello no deja de tener bastante lógica, pues el crecimiento pasa, irrenunciablemente, por reestructurar nuestra economía y encontrar uno o varios motores capaces de sustituir al sector de la construcción como tractores del crecimiento y absorbentes del desempleo.

Este es un cambio de orientación fundamental, para el que todos han tenido que realizar compromisos y ejercer flexibilidades en el terreno de los principios, para aproximarse al cobijo del pragmatismo. Así, los keynesianos instintivos, limitada la discrecionalidad del déficit, han tenido que reflexionar acerca de la efectividad de sus propuestas en una economía abierta y endeudada. Los liberales menos intervencionistas, inermes de cualquier instrumento de política monetaria, tendrán que admitir que estas propuestas de políticas económicas centradas en el fomento del emprendimiento se alejan bastante de sus premisas más ideológicas.  Así, el agotamiento de las políticas de demanda han abierto las puertas a un cierto consenso para el retorno de las políticas de oferta (supply side economics) al candelero y al protagonismo.

Estas políticas económicas por el lado de la oferta que, aparentemente, van a cobrar un importante protagonismo en un próximo futuro, superado el presente “impasse” impuesto por el proceso electoral, se centran, en esencia, en la reforma estructural que ha de experimentar la oferta agregada española , a fin de reforzar su competitividad. Para ello, un requisito ineludible es el desarrollo tecnológico de la misma y una consecuencia inmediata, en el marco de una economía abierta como es la española, será su internacionalización. Sólo esta fuga hacia la competitividad de la economía española, fundamentada en una recomposición de su estructura productiva, permitirá la recuperación de tasas de crecimiento que facilitarán la superación de nuestros tres desequilibrios más significativos como son el desempleo, el fiscal y el exterior.

Ahora bien, desde el punto de vista del diseño, desarrollo y materialización de estas políticas económicas por el lado de la oferta, es preciso subrayar que, en el actual contexto de “credit crunch”, esta será impracticable y, en consecuencia, irrelevante sin un fuerte instrumental financiero, tanto crediticio como de inversión. En estos momentos, el nudo gordiano del éxito de estas políticas radicará en la capacidad de articular instrumentos y herramientas financieras capaces de sostener los proyectos destinados a propiciar este cambio de la estructura de la oferta agregada española. Ello equivale a plantear la necesidad ineludible de evaluar y, en su caso, de construir los canales precisos para  traspasar capacidad de endeudamiento desde el sector público al sector privado. La existencia de recursos no es suficiente; es preciso estructurar los medios para que éstos lleguen a los usuarios finales previstos. La efectividad de las políticas económicas dirigidas por el lado de la oferta es un problema tanto de volumen de recursos como de distribución de los mismos, en una acepción meramente comercial.

Ante esta realidad, es preciso plantear la pregunta de si la actual estructura institucional de oferta y distribución de financiación pública es la más adecuada para garantizar dicha efectividad. En primer lugar, la actual estructura institucional es, como todo en esta vida, heredera de su pasado. En consecuencia, es evidente que ésta es resultado, por un lado, de la propia irrelevancia de la financiación pública en etapas de liquidez ilimitada, como la que hemos dejado atrás y se ha extendido durante, prácticamente, 12 años, y, por otro, de la persistencia de políticas de demanda que hacían secundario el cambio de la estructura productiva española.

Así, lo cierto es que dicha estructura institucional se debate, entre la titubeante vocación de banca de “segundo piso”  del ICO y la evidente voluntad minorista de otras instituciones, particularmente, las dedicadas a inversión pública en condiciones de capital riesgo y a financiación especializada de actividades tales como el desarrollo tecnológico o las exportaciones. El resultado de esta dispersión es, por supuesto, una multiplicidad de metodologías de evaluación de riesgos; variedad de criterios de asunción de los mismos; procesos decisorios heterogéneos; costes de gestión y administración (back office) redundantes y, finalmente, una estructura comercial, ineficiente y, en la mayor parte de los casos, difícilmente alcanzable por parte del teórico destinatario final de esta financiación.

Por consiguiente, la respuesta a si la actual estructura institucional de oferta y distribución de financiación pública es la más adecuada ha de ser, forzosamente, negativa. Los programas e instituciones de financiación e inversión pública han ido surgiendo de manera dispersa y, en la mejor acepción del término, oportunista, esto es, al rebufo de necesidades puntuales o de iniciativas específicas y una racionalización de esta estructura parece ineludible como premisa instrumental básica para la efectividad de las políticas de oferta que parecen avecinarse.

A partir de estas reflexiones, no debería resultar extraño que la cuestión de la reforma de la estructura institucional de la financiación pública surja en fechas próximas, en el marco del debate electoral y a propósito de la modificación de la estructura de la Administración Central del Estado y su organización departamental. Así, este debate no puede limitarse a si tienen continuidad el Ministerio de Cultura o si la cooperación al desarrollo debe desgajarse del Ministerio de Asuntos Exteriores. La efectividad de la política económica impone que, en este caso y circunstancias, este debate dé un paso más y presente alternativas de organización del sistema de financiación pública, pues la actual  es más que probable que no responda a las exigencias de coste y eficacia que demanda este giro en la naturaleza de la política económica.

Así, los diseñadores de la política económica harían bien en reflexionar no únicamente acerca de la orientación y contenidos de la misma sino también acerca de la estructura de las instituciones que la van a tener que desarrollar, esto es, la sempiterna combinación de contenidos y medios. De lo contrario, de centrarse sólo en los contenidos y, en este caso, obviar una reforma de la estructura institucional de la oferta de financiación pública, es muy posible que, como Don Gregorio Balparda con el hospital de Balmaseda, el proyecto original no resulte viable.