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La exigua sociedad civil balmasedana y las Cámaras de Comercio

 

Roque San Severino

En un pueblo en el que lo más parecido a sociedad civil era la junta parroquial de Caritas y la peña taurina de Platillerito, el cierre del casino generó no poca trifulca y comidilla. Más allá de las idas y venidas de D. Vicente, el párroco, o el par de banderillas que “Vinagre”, el último  torero que al mundo dio Balmaseda, colocó en todo lo alto en Almagro, las tertulias que tenían lugar en el casino eran, en los años de plomo cultural, el escueto refugio del debate y del contraste de ideas. Por este motivo, cuando, desde el ayuntamiento, y, se sospecha que por orden gubernativa, se dejó de apoyar al casino como una de las escasas inversiones culturales del limitado presupuesto municipal, los contados hijos de la villa con más interés en la discusión como motor de la sociedad que en el chiquiteo como motor de la amistad pronto se sintieron desolados.

Este ha sido, “mutatis mutandi”, el primer sentimiento que abordó a aquellos individuos y empresas que mantuvieran relación con las Cámaras de Comercio, al oír y, posteriormente, racionalizar las implicaciones de la reciente decisión gubernamental de eliminar el llamado “recurso cameral permanente” como medio de financiación de estas instituciones.

El análisis del papel que las Cámaras de Comercio juegan en España es de lo más variado y, en gran medida, controvertido. No faltan quienes consideran que son un anacrónico vestigio de las organizaciones gremiales, pasada por el tamiz, pertinaz en la vida política española de más de un siglo, del corporativismo, como alternativa a la lisa, pura y llana democracia liberal. Por otro lado, otros ven en la Cámaras un gran instrumento redistribuidor de las rentas empresariales, donde las grandes empresas financian actividades de las que se benefician, fundamentalmente, las pequeñas y medianas.  A ninguno de los dos les faltan argumentos ni razón y, en consecuencia, ninguno de los dos está en la verdad más completa.

Así, en este debate, median aquellos que, desde otras organizaciones empresariales, creen haber obtenido una victoria. En todo caso, ésta no pasará de pírrica, pues no sólo no serán estas organizaciones las herederas de este “recurso cameral permanente” como alguien, hace bien poco, propuso, sino que la reforma sindical, cuyos clarines suenan en no ya tanta lontananza, vendrá acompañada, irremediable y consustancialmente a la superación del modelo de relaciones laborales de la Transición, de la eliminación de toda financiación pública directa o indirecta, finalista o genérica, a estas organizaciones empresariales.

Pero el que crea que el modelo camaral está difunto se equivoca. Estas instituciones están abocadas a pervivir, pero  a sufrir profundas mutaciones en cuatro direcciones básicas:

1. Asistiremos a un proceso de consolidación del modelo cameral, a través de una sucesión de fusiones, de manera que, indudablemente, el resultado final será una reducción en el número de estas instituciones

2. Tendrá lugar un proceso de regionalización de las Cámaras, paralelo al fenómeno de sustitución de la financiación pública proveniente de la Administración Central por una financiación pública proveniente de las diferentes administraciones autonómicas. Así, se consolidará la realidad de que una Comunidad Autónoma sólo se encarna como realidad política si cuenta con una televisión autonómica, un tribunal de defensa de la competencia y, próximamente, una Cámara de Comercio.

3. Resultará inevitable un profundo proceso de reforma jurídica de las Cámaras de Comercio, pues, en gran medida, resulta ocioso, desde un criterio de Administración Central,  su consideración de corporaciones de derecho público cuando se les priva de la  fuente de financiación de origen público que supone el “recurso cameral permanente”. Ambos conceptos forman un “tándem”, careciendo uno de sentido si el otro va directo hacia el valle de Josafat.

4. La verdadera víctima de esta iniciativa es el Consejo Superior de Cámaras, que, de verificarse los mencionados procesos de consolidación y regionalización de las Cámaras, carece, en gran medida, de sentido. El Consejo era el verdadero agente de la vertiente interregional de la labor redistributiva del modelo cameral. Cuando ya no hay qué redistribuir y cuando los agentes restantes, las “cámaras autonómicas”, por su propia personalidad, renuncian a cualquier voluntad redistributiva, el Consejo Superior quedará reducido a un simple papel de agente de coordinación e intermediación, abandonando su actual papel de actor proactivo en determinadas políticas y programas.

Pero, desde una perspectiva de política económica, esta iniciativa tiene una implicación que, curiosamente, al menos hasta el momento, ha pasado desapercibida, como es su impacto sobre la política de internacionalización de la empresa española. Es muy importante subrayar, en primer lugar, que el soporte argumental de la financiación pública que ahora desaparece eran los llamados planes camerales, esto es, un conjunto de programas de inversión aprobados por la Administración y ejecutados por las Cámaras, de los que el componente esencial eran los de apoyo a la internacionalización.

En este contexto, no cabe sino interpretar que el apoyo público a la internacionalización sufre una nueva y adicional rebaja, que se suma a la reducción del presupuesto del ICEX (casi el 50% en dos años), la culminación del “phasing out” de la deducción en el impuesto de sociedades por actividades  exportadoras y  la incomprensible e inexplicada reducción de la capacidad inversora del FAD, primero, y de su heredero, el FIEM, después. En última instancia, cabe subrayar que la inversión pública en internacionalización se habrá reducido, en el período 2008-2011, en, prácticamente, 600 millones de Euros y ello en un marco de política económica en  que se espera que el sector exterior repita el milagro que ya operó en 1992, siendo el factor motriz de la demanda agregada. Una comparación, en términos tanto absolutos como relativos, de la inversión pública en internacionalización de entonces con la de ahora conduce, irremisiblemente, a considerar que la salida de la crisis, por esta vía, aún está lejana y que, en consecuencia, las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, que confían 0,9 puntos porcentuales del crecimiento PIB, del 1,3% total previsto, al sector exterior de nuestra economía, son, en el mejor de los casos, optimismo rayano en la ilusión. La desaparición inducida de los planes camerales son la manifestación más  reciente, aunque, posiblemente, no la última, de esta contradicción fundamental de nuestra política económica.

Esta acumulación de argumentos podría conducir a la errónea conclusión de que quien esto escribe es partidario de una nueva evaluación de esta iniciativa y, si de ella se coligiera, suspender su entrada en vigor, permitiendo la continuidad del actual modelo cameral y de su labor de apoyo a la internacionalización de la empresa española. Sin embargo, dicho juicio implicaría obviar otro componente invalorable de cualquier política económica como es el de la credibilidad y si ambos se colocaran sobre los platillos de balanza, en estos momentos, debería ésta desequilibrarse en favor de este último argumento, pues sería de desastrosas consecuencias que, una vez más, alguien interpretara que las iniciativas de política económica, más que medidas, son anuncios que resultarán de aplicación final, únicamente, si y cuando las circunstancias así lo aconsejan y los agentes involucrados o afectados así lo permitan.

Cerrado el casino, para la sorpresa de los adictos balmasedanos al parloteo de las tertulias, pronto el Bar Katanga (prometo que así se llamaba) y, más tarde, su sustituto, El Sabugal ocuparon su lugar como refugio de la divagación, el requiebro retórico y la exposición argumental con mayor o menor griterío y énfasis decibélico. De igual manera, poca duda cabe que el componente de sociedad civil que ahora cumplen las Cámaras de Comercio, pronto o tarde, será asumido por otras instituciones; sin embargo, cabe, dentro de lo racional, cobijar la duda de si la labor en favor de la internacionalización de la empresa española que realizaban las Cámaras de Comercio tendrá un agente ejecutor sustitutorio o si, por el contrario, ésta se consolidará como una nueva pérdida neta del sistema de apoyo público a la internacionalización.